La Democracia que, fundamentalmente, es participación en
las decisiones que afectan a los derechos de la persona y al bien de la
comunidad según las exigencias del momento político, requiere una reactivación del “espíritu generoso” y de la capacidad de reflexión de cada ciudadano. El
simple número de votos no hace demócratas a los que esperan agazapados la
ocasión de hacer realidad los caprichos de su ego.
Precisado un compromiso de realización personal (puesto
que yo soy así estoy obligado a obrar en consecuencia), el ciudadano con plena
conciencia de su poder y de su libertad, debe situar al profesional de la
política justamente en el lugar que le corresponde: este profesional de la
política no es ni más ni menos que un servidor de la Comunidad con el obligado
respeto a la libertad y a la responsabilidad de todos y de cada uno de sus
conciudadanos, en el legítimo proceso de hacerse a sí mismos a través de sus
respectivos empleos y vocaciones (ojalá coincidan los unos con las otras) en el
tratamiento de las cosas y problemas del día a día.
Pero ese Gestor Público, asentados “sus reales” en
determinado escalón de lo que se llama “función pública”, ya está en situación
de manejar infinitos hilos de vanidades, caprichos y ambiciones; es cuando, muy
difícilmente, resiste a lo que se llama erótica del poder: en mayor o menor
medida vivirá el posible debilitamiento de su propia escala de valores (si es
que la tenía bien definida y asumida) hasta dejarse dominar por una especie de
“síndrome de la auto complacencia” con la probable consecuencia de considerarse
a sí mismo como lo único importante.
Es ése un proceso repetido hasta la saciedad en el mundo
de la Política. Se encuentran inequívocos ejemplos en cualquier autocracia,
pero, también, en las democracias, por muy “representativas” que éstas sean.
Sabemos que la degeneración personal, si es un peligro anejo a la propia condición
humana, encuentra su mejor caldo de cultivo en las “altas esferas de la
Política”, sobre todo si el líder en cuestión, gobierno o no, se muestra capaz
de inventar nuevos “valores”: el Poder corrompe, se ha dicho con
bien justificada contundencia.
Para que, en nuestra Democracia, el “síndrome de la auto complacencia” despierte complicidad no se precisa más que el incensario de
unos cuantos paniaguados estratégicamente situados en las esferas de influencia
del propio partido y de una teórica oposición “circunstancialmente
complementaria”. Desde ahí ya es posible domesticar a los otros poderes, amañar
los procesos electorales (aun en el caso de transparentes recuentos), despilfarrar
sin medida, mentir “institucionalmente”, ignorar elementales derechos de los
otros... en suma, ejercer una más o menos velada forma de tiranía, también
desde la oposición por eso de las “cuotas de consenso”.
Por ello, en el compromiso democrático con la mayoría,
además de la imprescindible virtud de la humildad por parte de los titulares de
tal o cual parcela de poder, para la comunidad política resulta esencial una
vigilante y certera capacidad de juicio con que analizar virtualidades,
trayectorias y comportamientos de los candidatos a la función pública. Por el
contrario, resulta clara muestra de complicidad con la tiranía (sea o no de
raíz democrática) una adhesión incondicional por ciega devoción a lo aparente,
rutina, pereza, envidia u obsesiones de revancha.
En la Democracia Española, por virtud de una “consensuada
ley electoral” y la rutina de los procesos establecidos o tolerados, se vive en
una situación en la que el líder del partido en el Gobierno tiene facultad para
nombrar a todos los integrantes de la Pirámide Ejecutiva desde el primero al
último nivel sin que ello implique una elemental idoneidad para los respectivos
cargos o responsabilidades; por demás, no encuentra serias dificultades para
situar al “adicto incondicional” en la cúpula de los otros dos poderes,
legislativo y judicial, mientras que, si sabe aprovechar una propicia circunstancia,
malo será que no cuente con los mejor situados en los medios de comunicación o
“cuarto poder” o en el que muchos consideran el súper-poder financiero. También
y puesto que es la primera e indiscutible autoridad de su partido, el líder en
unas Elecciones Generales tiene derecho de propuesta o veto para confección de
todo tipo de listas electorales (generales, autonómicas, municipales, etc...) ¿No
significa todo ello la posibilidad de ejercer un poder político absoluto, o, lo
que es lo mismo, el trampolín para actuar como auténtico caudillo sin abandonar
lo que, en genuina corrección política, se llama “ámbito de la democracia”?.
Ciertamente, las particulares circunstancias de nuestra
Democracia (piramidal, plebiscitaria y de listas cerradas) permite al líder
favorecido por la mayoría de votos, marcarle cauces dogmáticos a la economía,
situar a todos sus amigos en las esferas de poder; manipular los medios de
información para alterar lo valores en uso en función de sus obsesiones,
prejuicios o “confluencias ideológicas”; convertir a las “cámaras de
representación popular” en caja de resonancia de sus buenas o malas decisiones,
frenar o desviar el curso de la justicia en beneficio de sus amigos...
De hecho, en el ejercicio de su poder, el líder que
triunfa en unas elecciones disfruta de todas las prerrogativas de un caudillo
sin otro requisito previo que el de mantener la connivencia de un suficiente
número de diputados. En estas circunstancias, desde la jefatura del poder se
manejan o se pueden manejar todos los controles de la vida pública: alcaldes,
senadores, diputados… de su partido son pupilos suyos en cuanto que, gracias a
su “dedo”, lograron un ventajoso puesto en las listas. Si la mayoría es
absoluta no habrá ninguna eficaz objeción a determinada iniciativa o capricho;
si no lo es, el recurso al mercadeo allana no pocas dificultades para navegar,
incluso, contra la esperanza y el deseo de los electores del propio partido.
Logrado un suficiente número de votos y sin relevante contra poder por cuatro años (y muchos más si se acierta a manipular los resortes de la
opinión pública y, con la adecuada palabrería, se neutraliza la capacidad
crítica de tibios, fieles y simpatizantes), es posible mantener impunemente la
libertad de hacer o no hacer según la propia conveniencia y marcando distancias
con la teórica oposición política con torticeros argumentos al estilo de “basta
que tú (oposición) propongas esto para que yo (poder) imponga lo contrario” .
No varía substancialmente la cuestión en el hipotético
caso en que el jefe de gobierno lo sea por acuerdo entre dos o más partidos: en
el actual estado de cosas y puesto que los respectivos jefes de partido han
entrado en la rueda de conveniencias, respaldarán cualquier decisión del jefe supremo
con la connivencia de un Parlamento satélite, justo lo contrario de lo que
propugnó Montesquieu y, con él, todos los defensores de una democracia no hipotecada
por la inercia de los intereses partidistas, que, salvo muy honrosas
excepciones, suelen ser los intereses o debilidades de los líderes.
No irían así las cosas si, al menos y en ocasiones de
notable trascendencia, el voto en el Parlamento fuera realmente libre y al dictado
de la conciencia de cada diputado. Claro que, para resultar aceptablemente libre,
ese voto habría de ser secreto, si no en todos los casos, al menos, ante las
cuestiones de mayor trascendencia: no es de recibo oír en cualquier parlamento
expresiones al estilo de “todos mis compañeros y yo pensamos…” ¿de cuándo acá
es colectivo algo tan sagrado como un íntimo pensamiento, la voz de la
conciencia o los valores con los que cada uno forja o intenta forjar la propia
personalidad?
¿Sería mucho pedir a los señores diputados que, en
defensa de su propia libertad y de la elemental dignidad para un “legítimo representante
de la voluntad popular”, exijan voto libre y secreto para cuestiones tan
importantes como la investidura, leyes que vulneren determinados conceptos
morales, el Presupuesto o un eventual voto de censura a la actuación del Jefe
de Gobierno?
Institucionalizar esa mínima prerrogativa no implica
ningún trauma legal: bastaría hacer uso de la elasticidad del “Reglamento”.
Claro que ello crearía un precedente no muy halagüeño para cuantos aspiran a
disfrutar del poder merced a un entramado de intereses cuidadosamente
hilvanados y cuya consistencia sigue asegurada por el voto servil. Si, además,
sucede que los altos organismos judiciales cubren sus vacantes a propuesta del
parlamento, caja de resonancia de la voluntad del jefe... Entre los interesados
por copar los puestos de mayor relieve, por ejemplo, en el poder judicial, llega
a no es el mayor aliciente el ponderado y veraz entendimiento de las exigencias
de la Justicia de todos y para todos. De esa manera, pierde su positivo
carácter lo que se llama “equilibrio de poderes” hasta el punto de que el
“natural ejercicio de la independencia judicial” llega a ser considerado una
genial heroicidad.
Claro que, tal están demostrando heroicos jueces del
momento actual, las leyes deben y pueden tener más fuerza que los
posicionamientos políticos, por muy altos que éstos sean. En momentos cruciales
de nuestra reciente historia, por desgracia, no se ha dado tal situación: entre
nosotros, personajes bien notorios han logrado “saltarse a la torera” todo el
aparato jurídico. Sin sacar a colación consabidos escándalos de la vida
pública, choca al buen juicio democrático eso de la inmunidad parlamentaria
sobre cuestiones tan obviamente criminales como la connivencia con el “terrorismo
de Estado” o el uso de los fondos públicos para enriquecer a delincuentes. El
tentado a ejercer de “caudillo” debiera reconocer que lo suyo es provisional:
su permanencia en el Poder depende de la suma de votos en la próxima
confrontación electoral.
Pero
no todos los candidatos o titulares de poder político, justo es decirlo, sucumben a la
tentación de “caudillismo” (de ello ya tenemos pruebas históricas y también actuales), de donde se
deduce que, en una Democracia como la española, contra los vicios y atropellos
del caudillaje ocasional, no cabe mejor remedio que la sagacidad de los votantes:
es de sentido común elegir la menos mala de las opciones sea a la hora
decidirse por un candidato o cuando se ofrece a nuestra consideración tal o cual programa.
