Es la principal obligación de los políticos, máxime en una Democracia, cuyos pilares fundamentales son la transparencia y la lealtad: mal andan las cosas cuando esta última se quiere conservar, sea a base de mentiras, sea a través de torticeros trucos demagógicos al estilo de “más eres tú” o, peor aún, esforzándose en convencernos a todos de que se puede hacer todo lo que la ley expresamente no prohíba.
Por ese camino, podemos llegar a cometer graves, gravísimos, atropellos sin salir de la gruesa línea, que separa a la ley escrita (tan dependiente ella de avatares políticos y fundamentalismos ideológicos) de la moral más elemental ¿no es eso lo que está ocurriendo en Andalucía según el cúmulo de irregularidades que viene publicando la prensa estos días? ¿por ventura, no le añade gravedad el hecho de que sea esa misma la Comunidad que sufre una tasa de paro superior al 30% y en donde la Educación y otros derechos de la Ciudadanía estén peor asistidos?
Claro que ya roza el esperpento lo de Andalucía, producto de tantas y tantas connivencias e irregularidades cubiertas generalmente con la manta de que “todo cae dentro de la ley”, aunque, supuestamente, ésta haya sido previamente manipulada. El votante de a pié ¿puede cerrar los ojos ante el hecho de que tal o cual gobernante, administre lo público a su capricho o, peor aún, privilegie a su familia y amigos con abusos de poder o derivando hacia ella recursos que pertenecen a los que más lo necesitan?
¿Es eso un ejemplo aislado, que no tiene equivalente entre nosotros? Lo será si, por amor a la verdad, se desvanecen todas las dudas de los ciudadanos respecto a todos y cada uno de los proyectos o gastos en autobombo, que nos caen de cerca, y en los que han entrado masas ingentes de dinero público, que, como es bien sabido, procede de nuestros impuestos.
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